El aborto y las redes sociales

En Nebraska han llevado ante la justicia a una madre y a su hija menor de edad valiéndose de una conversación privada en el chat de Facebook

La guerra declarada de los estados anti-abortistas contra quienes defienden el derecho de la mujer a tomar las decisiones sobre su salud reproductiva no tiene visos de dar una tregua. Se valen de cualquier “arma” para debilitar la visión progresista en torno a las interrupciones de embarazos no deseados.

En el más reciente capítulo de este choque de fuerzas, que ha cobrado ahínco luego de que el Tribunal Supremo revocara el fallo de 1973 conocido como “Roe versus Wade” y que protegía ese derecho a nivel federal, las autoridades de Nebraska han llevado ante la justicia a una madre y a su hija menor de edad valiéndose de una conversación privada en redes sociales a través de la cual la chica recibía recomendaciones sobre el uso de la píldora abortiva.

Según ha trascendido en los medios, la plataforma de Facebook recibió una orden judicial para que entregara el contenido privado del chat entre las dos acusadas. La Fiscalía alega que la madre compró y dio píldoras abortivas a la adolescente y después la ayudó a enterrar el feto. En Nebraska la interrupción del embarazo es ilegal a partir de las 20 semanas. Supuestamente la chica tenía 23.

¿Hasta dónde pretenden los estados conservadores llegar con esta persecución?

¿Por qué invertir recursos para sentar en el banquillo a esta madre y a su hija cuando hay otros problemas acuciantes que merecen atención?

¿Por qué violar la intimidad de una familia con un tema tan delicado?

Activistas y expertos temen que entregar órdenes de allanamiento a las empresas de tecnología solicitando datos de ubicación, historial de búsqueda, registros de llamadas o intercambios de mensajes en el chat para ayudar a corroborar si alguien tuvo o ayudó a realizar un aborto, pueda sentar un precedente e iniciar una cacería nunca antes vista.

En su defensa, directivos de Facebook aseguran que cuando recibieron la orden judicial para desclasificar la conversación entre Jessica Burgess, de 41 años, y su hija Celeste (17) en el documento no se mencionaba la palabra aborto. Es decir, que con artimañas obtuvieron una información confidencial.

Este caso debe servir para replantear la confidencialidad de la información en tiempos de redes sociales. Una cosa es atrapar a un terrorista, detener un posible tiroteo, frenar la trata de personas, y otra muy distinta meterse en las conversaciones privadas familiares para mandar a la cárcel a una madre que está apoyando a su hija a tener un aborto.

Urge que gigantes como Facebook, Twitter, etc., hagan también su parte. Nos hacemos eco del llamado de activistas en el sentido de que una de las únicas formas en que las empresas tecnológicas pueden evitar entregar datos confidenciales relacionados con el aborto a las fuerzas del orden es no almacenarlos en absoluto.

Es inaudito que los estados ultraconservadores pretendan obligar a una mujer a tener un bebé si no lo desea.

Sus cuerpos, su elección.

También te puede interesar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *